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¿Por qué es complicado sancionar la especulación en los precios de medicamentos?

Cuando, en el Perú, un productor, fabricante o comerciante manipula los precios de los productos de primera necesidad, está cometiendo -en teoría- un delito. Pero, por como está redactado este ilícito en el Código Penal y por obstáculos propios de la economía de libre mercado, su sanción no es aplicable. Pese a que prevé castigos de hasta tres años de pena privativa de la libertad, la norma no tiene ningún efecto práctico. Por lo tanto, el incremento en el precio de los medicamentos que sirven para tratar síntomas de COVID-19 tampoco es penalmente perseguible en la realidad.


Es por eso que, en las últimas semanas, diversas bancadas del Congreso han presentado proyectos de ley que buscan modificar la regulación para, verdaderamente, sancionar la especulación de precios. El martes, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, se sumó a este objetivo con la tramitación de su propia propuesta legislativa. Además, en varias de las iniciativas también se propone reincorporar el delito de acaparamiento, que fue derogado en junio de 2008.


Actualmente, la especulación no se sanciona en la práctica
La especulación, como se le llama a la acción de vender ciertos productos alterando maliciosamente su precio, está regulada por el artículo 234 del Código Penal peruano. Sin embargo, para que se configure el delito, se especifica que los productos deben ser “considerados oficialmente de primera necesidad” y que los precios originales deben ser “fijados por la autoridad competente”. Estas dos condiciones son, precisamente, las que dificultan el proceso y la sanción.

“Esta norma no se aplica porque nunca se reguló quién iba a ser la autoridad competente para poner estos precios. Al día de hoy, tampoco hay normativa que nos diga qué productos de primera necesidad tienen precios máximos. Eso tendría que estar expresamente reglamentado para que se aplique”, explicó para este texto el abogado especialista en Derecho Penal Económico, Andy Carrión Zenteno.

Además de lo que apunta Carrión, está el modelo económico que rige en el país: el de libre mercado que, bajo la ley de la oferta y la demanda, propicia una fluctuación de precios según el consumo y la disponibilidad de los productos. En otras palabras, intervenir los precios resulta complicado y hasta inconstitucional para el Estado.

“Ya la Constitución y la legislación peruanas claramente amparan el principio de la libre competencia y prohíben un control de precios. Entonces, se entiende que es el propio mercado el que va a fijar los precios con la ley de la oferta y la demanda, que son principios básicos de una economía social de mercado, que es la que nosotros tenemos”, señaló la abogada penalista Liliana Calderón Jacinto, del Estudio Benites, Vargas y Ugaz.

El abogado especialista en Derecho de la Competencia y Protección al Consumidor, Fernando Castañeda Melgar, señala que la especulación no es perseguible como delito porque, como advierten los otros entrevistados, nunca se reguló la responsabilidad de actores administrativos que funcionen como “la autoridad competente”.

“Para que surta efectos, la norma penal necesita una complementariedad administrativa. Llama a algunas definiciones administrativas cuando se habla de productos ‘de primera necesidad’. Bueno, para empezar, tendría que existir dicha lista de productos y ser proporcionada por una entidad pública, que a su vez sería la responsable de dictar esos precios. Es una situación más que difícil debido a la ley de la oferta y la demanda. No tenemos una regulación de precios”, anota el socio del Estudio Aramburú, Castañeda, Boero.

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